El Ministerio de Gobierno a través de la Gobernación de la Provincia del Azuay, como ente rector de la política integral de seguridad ciudadana, lidera el trabajo interinstitucional para la prevención del delito y erradicación de la violencia.

Lorena Costa, gobernadora, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y Cultos, convocó a los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) de la provincia a una reunión de trabajo para socializar estrategias de fortalecimiento y creación de los concejos cantonales de Protección de Derechos, juntas cantonales de Protección Integral de Derechos;  como lo establece el artículo 54 (literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Costa informó que el Gobierno Nacional prioriza el trabajo para la erradicación de la violencia de género en territorio, con la finalidad de garantizar el acceso a servicios gratuitos y especializados para las mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad. “Nos hemos reunido con los Alcaldes para socializar los parámetros que pueden aplicar para mejorar las acciones en cada jurisdicción”, indicó.

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece en el artículo 38 que los GADs deben garantizar a las mujeres víctimas de violencia “los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado”.

Mónica Fierro, coordinadora zonal 7 de la Secretaría de Derechos Humanos, expresó que el Gobierno Nacional a través de la entidad ofrece asesoramiento, asistencia legal y el aporte económico para el pago del personal técnico de los centros. “La única manera de territorializar la Ley es contar con los GADS como aliados estratégicos”.

Alfredo Suquilanda, alcalde de Macará, destacó la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno Central y el GAD para impulsar servicios en su localidad. Asimismo, el burgomaestre de Olmedo, Kléver Sánchez, se refirió a la voluntad política del Gobierno para llevar servicios a su comunidad. “Estamos prestos a instituir la Junta Cantonal de Derechos y de esta forma contribuir a la política pública nacional”.